En Venezuela las bases de la protección social se han venido armando mediante políticas públicas de transferencias directas e indirectas a los ciudadaos, aunque no se hayan ejecutado de manera ortodoxa y siguiendo los patrones clásicos.
Esas ejecutorias es lo que algunos críticos llaman "populismo", cuando les toca interpretar el papel de las Misiones, el otorgamiento de pensiones a miles de personas, la edificación y entrega de vivienda a los sectores más pobres de la población, la extensión del servicio primario de salud (Barrio Adentro) e incluso la distribución directa y sin intermediarios de los alimentos de primera necesidad.
A pesar de algunas dificultades e incomprensiones, observamos que nos encontramos en la línea de conceptos básicos que actualmente se utilizan en los documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refieren al piso de protección social de los países interesados en combatir la pobreza y la exclusión.
El concepto Piso de Protección Social se basa en el principio fundamental de la justicia social y a un nivel de vida adecuado para el bienestar de las personas y sus familias (Piso de protección social para una globalización equitativa e inclusiva, Ginebra, OIT, 2011).
Nuestras políticas sociales encajan en ese concepto y solo falta ajustarlas al reclamo de que sean coherentes, duraderas y con buen soporte financiero, pues de esa forma se convierten en derechos irrenunciables del pueblo.
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